• Intereses del Gobierno de Arias pretende construir aeropuerto a costa de propiedades de familias enteras

Las familias, que habitan Finca 9, así como las parcelas fincas 24, 7, 8, 9, 10 y 12, de ubicadas en Palmar Sur, interpusieron un Recurso de Reposición y suspendieron  la orden de desalojo que iba a ejecutar el Ministerio de Seguridad Pública.

Los intereses de INFOCOOP sobre las tierras de Finca 9, así como de las tierras de las comunidades de fincas 2-4, 7, 10 y 12, —todas ellas originadas en circunstancias similares a Finca 9—, radican en el atractivo que han adquirido estos terrenos ante el anuncio, por parte del Gobierno pasado y de Aviación Civil, de que en esa zona se espera construir un aeropuerto internacional para la Zona Sur.

De acuerdo con la información de los perjudicados, en julio del 2007, la Junta Directiva del INFOCOOP había tomado un acuerdo de “adjudicar” la finca conocida como Finca 10 a la Dirección General de Aviación Civil, bajo condición de que el proyecto del aeropuerto fuera declarado de interés público (acuerdo tomado en sesión 017-2007 del 11 de julio del 2007), ignorando la presencia de familias en esas tierras.

A raíz del traspaso de responsabilidades de ALTERRA en la administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a la compañía Houston Airport System (HAS), y su subsidiaria HASCHAS, propiedad del Departamento de Transportes del municipio de Houston, Texas, se informó que la empresa estadounidense tenía el ofrecimiento de construir y operar un aeropuerto en la región sur de Costa Rica.

Los abogados Freddy Vargas y Héctor Monestel, miembros de organizaciones que apoyan a las familias afectadas, dijeron que se desconoce el derecho posesorio que tienen las familias, y el procedimiento de desalojo incurrió en varios vicios de procedimiento.

Vargas dijo a este medio, vía telefónica, que la notificación del desalojo no se hizo de manera personal a todas las familias afectadas, lo cual inhabilita formalmente el acto de desalojo, ya que, por ley, todas las partes afectadas deben ser efectivamente notificadas.

Además, la notificación no incluyó ninguna indicación sobre los derechos que corresponden a los afectados, ni a los posibles recursos de defensa a que pueden acogerse, lo cual es, también, un requisito formal omitido por la Ministra de Seguridad en la notificación oficial.

Añadió que el procedimiento no fue precedido por un acuerdo en firme de parte de la Junta Directiva del INFOCOOP.

Vargas dijo que ante la solicitud del INFOCOOP, el Ministerio de Seguridad emitió la orden de desalojo el sábado 16 de enero, según consta en el oficio 2838-09 D.M., en un documento avalado y firmado por la Ministra del ramo, Janina del Vecchio. El recurso de desalojo fue solicitado por Martín Robles Robles, en su calidad de  Director Ejecutivo y Representante Legal del INFOCOOP.

Las más de 40 familias de campesinas y campesinos afectados son, casi en su totalidad, ex trabajadores de una Cooperativa que los abandonó después de entrar en quiebra, sin hacer efectivo el pago de las responsabilidades laborales, pero que, contrario a lo que dicta la ley, priorizó una deuda contraída con el INFOCOOP mediante el traslado de la titularidad de las tierras a esa institución.

Algunas de estas familias tienen más de 20 años de vivir en la comunidad y de trabajar las tierras para producir su propio sustento, por lo cual tienen un derecho de posesión que se está desconociendo ante el desalojo. En caso de ser desalojadas, estas familias quedarían literalmente en la calle, sin un techo donde refugiarse y sin la posibilidad de contar con tierra para producir los alimentos que requieren para subsistir.

Añadió que muy a pesar de que entre los principios fundamentales del INFOCOOP se encuentra el “generar y distribuir la riqueza de manera justa”, así como “mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país y fortalecer la cultura democrática costarricense” (según consta en su propio sitio web), con este intento de desalojo el INFOCOOP parece olvidarse de sus propias razones de ser e incurre en un acto que violenta los derechos fundamentales de familias campesinas pobres que dependen de esa tierra para producir su sustento diario.

Con el acto, además, INFOCOOP ignora y violenta el derecho de posesión que tienen las familias, el cual consolidaron después de cumplir 10 años de habitar y trabajar las tierras, precisó.

Con el fin de evitar el acto oficial —tramitado, como se indicó, de manera irregular, debido a los vicios de procedimiento—, y de propiciar el reconocimiento del derecho de posesión que legítimamente le corresponde a las familias afectadas, diversos miembros de la comunidad interpusieron una acción formal para impugnar la orden de desalojo.

Vargas informó que el Recurso de Reconsideración fue formalmente presentado ante el Ministerio de Seguridad Pública en horas de la tarde de este lunes 18 de enero, y el caso será llevado a un Tribunal Agrario.

FUENTE: Diario Nuestro País: www.elpais.cr